Crece oferta ilegal de vacunas con estafas
y denuncias de aplicaciones irregulares
En medio de la campaña de inmunización anti-Covid que avanza con lentitud, la oferta ilegal de vacunas privadas en el país crece entre estafas y sospechas de tráfico o contrabando de dosis. Hay al menos 17 denuncias de embustes y de cuatro de inoculaciones irregulares en diferentes ciudades.
“Esta vacuna es legal. Las dosis ya están en aduanas. Llegan con las
del Gobierno. Sólo estamos esperando que nos den la autorización para el carnet
de vacunación... tenemos gente en el Ministerio de Salud. No son las chinas,
son las de Moderna”, afirma un ofertante de supuestas vacunas privadas contra
la Covid-19 contactado por Página Siete.
Los interesados llegan a esta persona por información que circula entre conocidos. “La importadora que las trae es una de las
más grandes”, dice el vendedor. Apenas despertaría dudas si no fuera que si se
le llama de La Paz dice que la proveedora está en Cochabamba y si se llama de
allá indica que está en La Paz.
Hace unas semanas, la Policía
Boliviana y el Viceministerio de Defensa al Consumidor realizaron un
operativo conjunto en un inmueble
de la zona de Villa Fátima, que
funcionaba como clínica para legrados ilegales y clandestinos. Una vez en el
lugar, verificaron que en uno de los
ambientes habían frascos de supuestas vacunas
anti-Covid que ya habían sido administradas.
De inmediato, se abrió una investigación por presunto tráfico de
vacunas en la sede de Gobierno, que se extendió a Cochabamba y Santa Cruz,
donde se registraron denuncias de casos
similares. La Policía maneja tres
hipótesis: que hubo una sustracción de
los fármacos de los depósitos de un
servicio departamental de salud o de un
establecimiento de seguridad social; que hay
comercialización de otro tipo de reactivo, lo que pone en riesgo la vida
de la población; o que sea contrabando.
“ Nos preocupa enormemente este
tema porque no sabemos si estas vacunas son originales, si son truchas o si se
está internando al país vacunas por contrabando”, dijo el viceministro de
Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
Desde el inicio de la pandemia, las redes sociales se han convertido en
un mercado negro de fármacos relacionados al tratamiento del coronavirus. La
venta de inoculadores no escapa a esta
situación.
El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, manifestó que hasta la
semana pasada se habían recibido unas 17
denuncias por estafas relacionadas a la venta de vacunas. Según explicó, en la mayoría de los
casos las víctimas se contactaban con los supuestos vendedores mediante las
redes sociales. Para acceder a las dosis se debía realizar un depósito de hasta 240 dólares. Pero una
vez que se hacía el pago el vendedor desaparecía.
Pero no sólo se sospecha de
estafas, sino de tráfico de dosis. Y es que desde que empezó la
vacunación en el país se han denunciado al menos cuatro casos de
inmunizaciones irregulares en La Paz,
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Los dos primeros fueron comprobados.
“Estamos pidiendo un informe sobre el estado de estos casos”, afirmó el
viceministro Silva.
El 1 de marzo, salió a la luz pública una denuncia sobre la aplicación
irregular de cuatro dosis de la vacuna
en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil). Según el informe,
fueron dos administrativos, con rango militar,
los que presionaron para recibir la
inmunización cuando no les correspondía.
El 5 de marzo, el Sedes Santa
Cruz presentó una denuncia en contra de una funcionaria por incluir a
dos personas en la lista de vacunaciones, haciéndolas pasar como personal
médico. Ambas personas subieron un video a las redes sociales que mostraba cómo
fueron inoculados.
En investigación quedaron
denuncias similares en los
departamentos de Tarija y
Chuquisaca. En el primer caso se acusó
a dos personas de recibir la vacuna de forma irregular en el
Hospital San Antonio; mientras que en el
segundo, se apunto a la presunta
inmunización de familiares del personal de la Gobernación. En ambos casos se
presentaron descargos.
Silva recalcó que en el país no existe ninguna autorización para que
alguna empresa o persona particular
pueda comprar las vacunas y venderlas.
La autoridad advirtió que ante estos ofrecimientos, la población debe dudar de
la veracidad para así evitar caer en una estafa.
“Nosotros podemos asegurar que nuestras dosis son legales y verdaderas.
Solo estamos esperando una autorización. Son 200 dólares por las dos dosis,
pero eso no cubre su prueba Covid”,
insistió el vendedor contactado.
Bolivia pide
liberación de las patentes de la vacuna
“Ante una situación de grave emergencia de la humanidad, nosotros
planteamos que se debe superar cualquier obstáculo y debemos liberar las
patentes para que se pueda fabricar vacunas en todas partes del mundo. Hay farmacéuticas que están en la posibilidad de
fabricar las vacunas, pero no lo pueden hacer porque hay propiedad
intelectual”, dijo el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.
La declaración fue hecha luego de
una reunión con varias
representaciones diplomáticas bolivianas en diferentes países. Con ello se dio
inicio a una campaña para la liberación
de las patentes.
En pasados días, se conoció de una carta abierta firmada por varios
presidentes, exjefes de Estado, premios Nobel y otras personalidades haciendo
este mismo pedido. La nota pide al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se sume a la iniciativa, que
también es apoyada por la OMS desde hace meses.
En marzo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, manifestó que es muy triste
ver como hay países en los que se vacuna
a personas adultas y jóvenes completamente sanos que no presentaran
síntomas ante el contagio, y que en otros ni siquiera el personal de sanidad o
los adultos mayores puedan acceder a la inmunización.
El miércoles pasado el Papa Francisco se sumó al pedido de vacunas para
todos.
“Las autorizaciones para
importar son burocráticas”
“Varios importadores tenemos el
interés de importar las vacunas de forma privada, pero el Gobierno no quiere
dar vía libre. La estatal Agemed es la que tiene que dar las autorizaciones y
es una de las entidades más burocráticas”, manifestó el importador Juan Carlos
Nemtala.
A finales de diciembre de 2020
el Gobierno aprobó dos decretos supremos -4438 y 4432- que establecen cuatro
requisitos para la importación de vacunas y la confidencialidad en los precios.
Fijan arancel cero y determinan que los contratos estatales de
adquisición de los inoculadores no serán
publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), sino hasta
dentro de tres años, cuando termine la reserva del contrato.
“Si los privados solicitan la importación de vacunas tienen que cumplir
ciertos requisitos que establece la Agemed y están totalmente autorizados para
traer la vacuna, siempre y cuando cumplan los requisitos”, dijo el ministro de
Salud, Jeyson Auza.
Según el DS 4438, los requisitos son: el registro sanitario y las
autorizaciones emitidas por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en
Salud (Agemed); el informe técnico de viabilidad del Ministerio de Salud y
Deportes; número de identificación tributaria (NIT) y el Registro Único de
Proveedores del Estado (RUPE).
“Los dos primeros puntos son el problema. Para dar un permiso la Agemed
es muy burocrática. Además hay que
contar que tenemos que tener la representación legal del laboratorio para la
comercialización de su vacuna”, afirmó Nemtala.
El importador indicó que también
hay que invertir en transporte y
sistema de refrigeración
específicos para el tipo de vacunas que se trae y contar con la
certificación de estos equipos. “Ya
sufrimos con este tipo de cosas para insumos comunes, imagínese para las
vacunas. Además esta el precio, se debe vender al costo y que hacemos con la
inversión que se hace para importación. Sería
a perdida”, añadió.
Hasta el momento seis
gobiernos departamentales y
municipales pidieron adquirir la vacunas de forma directa y el Gobierno
nacional indicó que está presto a colaborar. Las autoridades subnacionales afirman que la mejor forma es modificando los decretos. PÁGINA SIETE
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